- Realizan una gira destinada a movilizar el apoyo de las instituciones europeas a la implementación de las medidas de género en el Acuerdo de Paz, en el quinto aniversario de su firma.
- Las organizaciones visibilizan graves problemáticas en la implementación del Acuerdo de Paz: falta de participación política de las mujeres, insuficiente protección de defensoras de DD.HH. y falta de acceso de las víctimas de violencia sexual a la justicia.
València, 22 de noviembre de 2021. Tras cinco años de la firma del Acuerdo de Paz de Colombia, el país atraviesa una crisis económica, política y social, que está perjudicando especialmente la seguridad de las mujeres y las garantías para el ejercicio efectivo de sus derechos. Con el actual gobierno de Colombia, con Iván Duque en la presidencia, se ha producido una desaceleración de la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente de las medidas de género incluidas en éste, cuya aplicación se sitúa en apenas un 20%. En este escenario, tres organizaciones de mujeres de Colombia, Corporación Humanas, Red Nacional de Mujeres y SISMA Mujer, están realizando una gira en el Parlamento Europeo, destinada a acercar las principales problemáticas que enfrentan las mujeres en el país y pedir el apoyo de las instituciones europeas. Las organizaciones de Colombia están acompañadas por las organizaciones de España Movimiento por la Paz -MPDL- y Atelier ONGD, junto a las que desarrollan el Programa de cooperación internacional Mujeres construyendo en Paz, apoyado por la Generalitat Valenciana. También cuentan con la colaboración de la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (ODIHACO), con sede en Bruselas.
En estos momentos, no existen garantías de seguridad para mujeres y niñas en Colombia, especialmente en zonas rurales. Ante el escenario de crisis que vive el país, la respuesta del gobierno es la represión, la militarización y la criminalización de las defensoras de Derechos Humanos. Una de las demandas de las organizaciones de mujeres es la elaboración de un Plan de Acción Nacional para implementar de manera efectiva la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Así mismo, en Colombia supone un ejercicio de alto riesgo ejercer la labor de la defensa de los derechos humanos. FrontLine Defenders encontró que, durante el 2020, el 53% de todos los asesinatos a personas defensoras en el mundo ocurrieron en Colombia, siendo una cuarta parte de las violencias dirigidas contra mujeres defensoras. En el 2021, las violencias han continuado con claras marcas de género y con un amplio margen de impunidad. Según cifras del Programa Somos Defensores, al menos 11 lideresas y defensoras de derechos humanos y lideresas sociales fueron asesinadas en el primer semestre de 2021; los desplazamientos forzados de defensoras han aumentado un 200% respecto al año anterior y se han agudizado los escenarios de riesgo.
Sin embargo, el gobierno de Colombia no está implementando adecuadamente el Programa Integral de Garantías para mujeres lideresas y defensoras de DD.HH. (PIGMLD) y las medidas de protección a las mujeres defensoras tienen limitaciones estructurales. La Unidad Nacional de Protección no aplica medidas efectivas para mitigar los riesgos y las violencias con marcas de género. Además, el Estado elude la aplicación de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el conflicto armado de Colombia, la violencia sexual fue usada de forma sistemática como arma de guerra. Sin embargo, los delitos sexuales cometidos en el conflicto armado tienen las tasas de impunidad más altas. Por ello, una de las más importantes reivindicaciones de las organizaciones de mujeres en la actualidad es la apertura por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de un caso nacional de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas de estas violencias.
En cuanto a participación política, las representantes llaman la atención sobre el hecho de que la presencia de las mujeres en las instituciones públicas cuenta con bajos porcentajes: el 20% de los puestos del Congreso de la República, el 16% de los Concejos municipales, el 12% de las alcaldías y el 7% de las gobernaciones. Por ello, reafirman la necesidad de seguir impulsando y garantizando la participación política de las mujeres.
Ante este escenario, este grupo se ha reunido con una decena de representantes de los diferentes grupos del Parlamento Europeo, como Mónica Sylvana González (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), Rosa Estaràs (Grupo del Partido Popular Europeo), Diana Riba (Grupo de Los Verdes), Miguel Urbán (Grupo de la Izquierda Unitaria Europea) e Irene Tolleret (Grupo Renovar Europa). En estas reuniones, han solicitado que, desde el Parlamento Europeo, se inste al gobierno de Colombia a que avance en la implementación integral del Acuerdo de Paz, con especial atención a las medidas de género incluidas en éste. También han presentado diversas propuestas concretas que pueden llevar a cabo las instituciones europeas, relacionadas con las problemáticas presentadas, como las siguientes: llevar a cabo una Misión de Verificación por parte de miembros del Parlamento Europeo, sobre la implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz y la situación de mujeres lideresas y defensoras de Derechos Humanos; solicitar información sobre los recursos destinados por parte de la Unión Europea a la implementación de las medidas de género en el Acuerdo de Paz; e instar al gobierno de Colombia para que cumpla las obligaciones internacionales emanadas de la reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país.