Las organizaciones firmantes celebramos hoy, 24 de noviembre, el 5º aniversario del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, poniendo fin a un conflicto armado interno que dejó más de 9 millones de víctimas y que ha durado más de cincuenta años.
La firma del Acuerdo en Colombia llenó de esperanza al país y al mundo. La disminución de las tasas de violencia fueron un resultado inmediato, positivo y concreto de su temprana implementación. Asimismo, se destacaba la importancia de implementar con celeridad lo acordado en el Acuerdo Final para asegurar una paz duradera.
Cinco años después, podemos ver en Colombia una sociedad en transición hacia la paz: las multitudinarias movilizaciones de los últimos años alrededor de una agenda social y el auge en la participación electoral son indicadores de ello. Hubo avances en la implementación del Acuerdo: los mecanismos del sistema de justicia transicional están operando y dando sus primeros resultados. En junio de 2022, se espera el lanzamiento del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Convivencia y la No Repetición. Sin embargo, existen grandes preocupaciones sobre los retrasos en puntos fundamentales del Acuerdo, graves violaciones de los derechos humanos y el deterioro de la situación humanitaria en los territorios, afectando desproporcionalmente a las minorías étnicas y las comunidades campesinas.
La Reforma Rural Integral aborda la desigualdad y falta de regulación de la tenencia de la tierra, una de las causas estructurales del conflicto, pero es el capítulo que tiene el menor grado de implementación: menos de 5 %. Así como el enfoque de género, que marcó el Acuerdo colombiano como uno de los más avanzados de la historia en cuanto a derechos de las mujeres y personas LGBTI, pero apenas tiene un 23 % de implementación1. El enfoque étnico en el Acuerdo ha sido despriorizado desde la fase de negociación y en la falta de implementación se está perdiendo la oportunidad de avanzar hacia la terminación de la exclusión histórica de los pueblos étnicos.
Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 292 excombatientes en proceso de reincorporación y 594 personas defensoras de los derechos humanos², en muchos casos personas trabajando en la construcción de paz y la implementación del Acuerdo en los territorios. La violenta represión de las protestas en 2020 y 2021 muestra que tanto el Gobierno como la Fuerza Pública se oponen a la movilización social con una lógica de confrontación y de guerra, por falta de reformas estructurales que permitan tener una fuerza pública y militar para una Colombia en Paz y con garantías a la participación democrática
Por lo tanto, solicitamos a la Unión Europea, sus Estados miembro, Suiza, Noruega y Reino Unido:
• Seguir insistiendo en la implementación integral de todos los aspectos del Acuerdo Final para garantizar una paz sostenible y duradera, especialmente la reforma Rural y el enfoque de género.
• Seguir apoyando la salida negociada del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional y el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo.
• Apoyar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y en particular a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Reconciliación y No repetición en la difusión de su informe.
• Acompañar y monitorear el proceso electoral en el marco de la elección para los escaños de las víctimas en el Congreso en las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz.