El 24 de noviembre se cumplen cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (el Acuerdo) en el Teatro Colón en Bogotá. El Acuerdo buscó terminar un conflicto armado que duró 52 años y dejó más de 8 millones de personas víctimas. Fue resultado de cuatro años de negociaciones entre las partes, incluyó medidas para eliminar las causas estructurales del conflicto armado y así prevenir su repetición, pero no incluyó otros actores ilegales armados como el ELN y/o grupos paramilitares. Tras cuatro años de su implementación, el balance de la implementación es preocupante.
Según el Instituto Kroc, el 25 por ciento de las disposiciones del Acuerdo se han implementado completamente y el 23 por ciento no ha iniciado su implementación. Sin embargo, en 2019 solo se avanzó en un 2 por ciento. Al ritmo actual de implementación, solo la mitad de las disposiciones contempladas para implementarse entre 2020 y 2022 estarán completas en este mismo periodo. El capítulo sobre Reforma Rural Integral, donde está enfocado el apoyo de la Unión Europea, es el que menos avance conoce: solo el 4% está completamente implementado.
El otro enfoque del apoyo europeo es el proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc-Ep. Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 241 firmantes del Acuerdo de Paz. Los enfoques de género y étnico, transversales al Acuerdo, siguen teniendo una implementación más lenta que la implementación general. Según GPAZ, solo 13 de las 122 medidas en el Acuerdo se han cumplido. En el periodo del actual Gobierno se ha hecho una priorización que deja 71 de las 122 medidas despriorizadas para ser implementadas. El Acuerdo de Paz ha abierto nuevos espacios de participación para las mujeres pero actualmente, sobre todo en zonas rurales, ha aumentado su riesgo. Existe una exclusión sistemática de la población LGBTI de las políticas de implementación del Acuerdo. Sólo 10 por ciento de las disposiciones del enfoque étnico han sido completadas. Además, la violencia contra las comunidades étnicas se ha intensificado: 105 líderes indígenas y afrodescendientes han sido asesinados en 2020 según Indepaz.
El Gobierno Duque, en reiteradas ocasiones, ha obstruido o frenado la implementación del Acuerdo al no prever los recursos necesarios en el Plan Nacional de Desarrollo, afectando entre otros, la Reforma Rural Integral, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
La falta de una implementación ágil e integral del Acuerdo de Paz es uno de los factores que alimenta el deterioro de la situación de confrontación armada en los territorios. Estos generan desplazamiento forzado, masacres de la población civil (74 en 2020), confinamiento, amenazas y asesinatos y afecta de forma desproporcionada a la población campesina y/o perteneciente a minorías étnicas. Así mismo, los elementos previstos en el Acuerdo de paz para mejorar la protección de personas defensoras de derechos humanos no se implementan o solo de forma parcial o lenta, como en el caso de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad o una Unidad Especial de la Fiscalía.
Oidhaco por lo tanto pide que la comunidad internacional:
• Inste al Gobierno colombiano a seguir avanzando con celeridad en la implementación integral del Acuerdo de Paz.
• Siga demostrando su apoyo político al Acuerdo de Paz y a su implementación integral, y a la vez destacando que el actor principal de la implementación debe ser el estado colombiano.
• Inste al Gobierno colombiano a retomar el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y avance en el desmantelamiento de otros grupos armados activos en los territorios.