Colombia ha vivido una situación de conflicto social y armado durante más de cinco décadas, daños y múltiples violaciones a los Derechos Humanos de la población civil. Según las cifras del Registro Único de Víctimas – RUV de Colombia, las personas reconocidas como víctimas del conflicto armado ascienden a 9.625.203 (a fecha de 31 de diciembre de 2023). En este contexto, en el año 2012, el gobierno de Colombia y la guerrilla de más peso en el país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), iniciaron las negociaciones de paz, que culminaron con la firma del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia” en noviembre de 2016. 

El movimiento de mujeres y feminista en Colombia, que había apostado históricamente por una salida negociada al conflicto armado, se organizó desde que se hizo público el inicio de las conversaciones para posicionar sus demandas. Llevaron a cabo una importante movilización, materializada en reuniones, propuestas, pactos y campañas por la paz. Buscaban asegurar su presencia y participación en todas las etapas de la negociación y la inclusión del enfoque de género en el texto final. 

Como resultado de este trabajo de incidencia, se conformó una Subcomisión de Género en la mesa de negociación, encargada de garantizar el reconocimiento y tratamiento en dicho Acuerdo, de los impactos diferenciales del conflicto armado en las mujeres y la población LGTBIQ+. En cuanto al tratamiento de la violencia sexual, el movimiento de mujeres y feminista se organizó, especial pero no únicamente, en torno a la Plataforma Alianza Cinco Claves, integrada inicialmente por algunas organizaciones que conforman la Mesa de Apoyo a la Defensa de los DD. HH. de las Mujeres y la Paz en Colombia. Fruto de su participación en las negociaciones, las víctimas fueron consideradas en el centro del Acuerdo Final de Paz y queda expreso en el texto que la violencia sexual es un crimen no amnistiable. En el marco de la justicia transicional se puso en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRN), integrado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas (UBDP), y el movimiento de mujeres y feminista se organizó para garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. 

La justicia transicional persigue transitar hacia contextos de construcción de paz, así como juzgar los crímenes de guerra más graves y a sus responsables, priorizando los crímenes asociados a la discriminación por razones de género, entre ellas la violencia sexual con enfoque diferenciado. Este número del Boletín Colibrí pone el foco en la participación del movimiento de mujeres y feminista en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, puesto en marcha tras la firma del Acuerdo de Paz. Desde la Mesa de Apoyo consideramos el Acuerdo Final de Paz de Colombia como un Bien Público Mundial y la lucha del movimiento de mujeres y feminista por lograr paz con justicia social y de género en el país, como un aporte para el movimiento feminista internacional, que tomamos la responsabilidad de poner en valor y difundir, impulsando, a su vez, la solidaridad internacional feminista en apoyo a sus proceso.