Denuncia internacional ante asesinatos y situación de líderes y personas defensoras de Colombia en la crisis de COVID 19

La Oficina Internacional para los Derechos Humanos – Acción Colombia (Oidhaco), plataforma internacional de la que formamos parte, alerta sobre la grave situación de riesgo que están atravesando las personas que defienden los derechos humanos y que asumen liderazgos sociales en Colombia. Esta situación se puede agravar por el deterioro de su situación de seguridad y protección en el marco de la crisis del COVID 19.

Condenamos y rechazamos el asesinato del defensor de los derechos humanos Marco Rivadeneira, en la vereda Nueva Granada, en el corredor Puerto Vega-Teteyé, departamento del Putumayo, el 19 de marzo pasado. Era presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís –Asopuertoasís y representaba la región Suroccidente en el Comité Operativo de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU), una de las tres principales plataformas de derechos humanos de Colombia aliadas de Oidhaco.

El Sr. Rivadeneira era un líder destacado y visible, hacía parte de varias redes nacionales y estaba en interlocución permanente con el Estado, acompañaba a comunidades del Putumayo en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco del Acuerdo de Paz. Además, esta semana se reveló un plan de asesinato para matar a Jani Silva, también líder en Putumayo de la Zona Reserva Campesino Pearla Amazonica. Es preocupante que el asesinato de Marco se dio poco tiempo después de las declaraciones de la Ministra del Interior en el Putumayo equiparando los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos con asesinatos por robos de celulares.

El mismo día fueron asesinados dos otros líderes sociales: Julio Sandoval Chía (Norte de Santander) y Ángel Ovidio Quintero (Antioquia). El 24 de marzo, dos líderes indígenas, Omar y Ernesto Guasiruma, miembros de la misma familia, fueron asesinados en sus casas, donde se encontraban en cuarentena en el marco de las medidas preventivas para el COVID 19.

El pasado 24 de marzo fue asesinada la líder social, Carlota Isabel Salina Pérez, en San Pablo, sur del departamento de Bolívar. El 24 por la noche hombres armados llegaron hasta su vivienda ubicada en el barrio Guarigua, del municipio de San Pablo, donde la obligaron a salir unos metros para asesinarla con arma de fuego. Hoy su pareja se encuentra desaparecida. Carlota era integrante de la Organización Femenina Popular (OFP) donde impulsaba grupos de mujeres productoras, ahorradoras, lideresas, defensoras de víctimas y defensoras de una vida libre de violencias.

La Oidhaco expresa su profunda preocupación por el riesgo de estas personas y por la tasa de asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos, que vuelve a superar las tasas ya históricamente altas de los años anteriores, según el Instituto alemán Capaz. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde el pasado 1º de enero y hasta el pasado 10 de marzo han sido asesinados 57 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, hubo 108 asesinatos de personas que defienden los derechos humanos en Colombia en 2019. Existe el riesgo que en la crisis actual por la pandemia del COVID19, esta grave situación pierda visibilidad y que esto incluso sea otro factor de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos y los y las líderes sociales en Colombia.

Para prevenir este drama, es importante atender el llamado de más de 120 organizaciones entre cuales cabildos indígenas, zonas humanitarias, zonas de biodiversidad, organizaciones campesinas y asociaciones de desplazados de ocho departamentos incluyendo al Putumayo, Chocó, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, entre otros , quienes en una carta abierta a grupos armados y a las Fuerzas Militares piden un cese de hostilidades por la pandemia del COVID 19:

“Aprovechemos el COVID – 19 para pensar en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida del país, asuman la reflexión en sus cuadrillas, frentes, brigadas, batallones, comandancias. De nuestras soberbias nada queda, del vano orgullo tampoco. Es el tiempo de la solidaridad y desde ella la paz en una democracia nueva.”

El llamado de las comunidades a un cese bilateral, se encuentra respaldado por el jefe de
las Naciones Unidas, António Guterres, quien pidió un cese de las hostilidades inmediato
a nivel mundial ante la crisis del COVID 19.

Por lo tanto, solicitamos que la Unión Europea, los Estados europeos y las Naciones Unidas insten al Gobierno colombiano:
• a acordar un cese al fuego bilateral con los grupos armados durante la efectividad de las medidas preventivas contra COVID 19.
• a incluir en las medidas de prevención que se toman en el marco de la crisis de salud por consecuencia de la pandemia del COVID19, un plan de contingencia para la protección de las personas que defienden los derechos humanos y una ruta de atención para los casos de agresiones que se pueden presentar.
• a abstenerse de declaraciones que desconocen el carácter de los asesinatos de las personas que defienden los derechos humanos y cumplir con la directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación para la protección de las personas que defienden los derechos humanos.
• a investigar los asesinatos y agresiones a las personas defensoras de derechos humanos y de llevar a juicio todas las personas responsables.
• a avanzar con la implementación integral de las medidas en el Acuerdo de Paz y así contribuir a las garantías para las personas que defienden los derechos humanos, que asumen liderazgos sociales y que apoyan la implementación de lo acordado.
• a avanzar con las medidas para el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, con instituciones como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

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